Constitución de Grupo de Trabajo sobre Teletrabajo

Se ha constituido el grupo de trabajo de la Mesa General de la Función Pública de la Junta de Andalucía de elaboración de propuestas para una normativa que regule el teletrabajo para los empleados/as públicos/as. La Administración señala la dificultad que ha supuesto el desarrollo del teletrabajo llevado a cabo en tanto que éste se encuentra descentralizado por Consejerías y que se ha trabajado sin planificación ante la pandemia, motivo que ha evidenciado la necesidad de poder disponer de un marco regulado sobre esta cuestión. Se ha trabajado, con los recursos disponibles, la mayoría personales, con una gran profesionalidad para dar servicio público a la ciudadanía, lo que es de agradecer, se indicó desde la Administración.

Se nos han presentado los resultados previos de una encuesta que está realizando la Administración, incluidas entrevistas, que ya ha tenido una participación de más de 8.000 personas hasta la fecha pero que al ser voluntaria y no aleatoria, es representativa sólo parcialmente. Se destacan, entre otros datos, que el 77% de los trabajadores/as estaban teletrabajando y algo más de la mitad de ellos consideran que han trabajado más con esta modalidad que en condiciones de presencialidad. Se destaca que este teletrabajo ha sido forzado y no planificado, lo que ha conllevado un mayor estrés.

En lo que respecta a la utilización de recursos, la mayoría del personal ha hecho uso de sus ordenadores y tablets personales, con un gran uso del emails y en un porcentaje altísimo con recursos propios. En menor medida se ha hecho uso de impresoras personales y de cámaras de ordenador. Hay un porcentaje importante de personas encuestadas que señalan que no han contado con un espacio adecuado en sus domicilios para esta labor. Las principales ventajas que los trabajadores/as manifiestan han sido la motivación, la autonomía y el haber podido trabajar por objetivos. Como inconveniente principal se destaca el ritmo de trabajo estresante, especialmente en las dos primeras semanas del estadio de alarma.

Como mecanismo de trabajo, la Administración propone elaborar propuestas que puedan ser valoradas para una norma estable, informándose a su vez, que la Administración andaluza forma parte de un grupo de trabajo estatal en el que están incluidas las Comunidades Autónomas y las Federaciones de Municipios y Provincias. Desde ese marco estatal se intentará incluir un artículo específico en el EBEP que contemple explícitamente el teletrabajo.

Desde CCOO hemos planteado la necesidad de establecer una nueva cultura sobre un tema que ya se contempla en el Art 13 del estatuto de los trabajadores/as y que debe incluirse en el EBEP destacando que no se ha realizado ningún desarrollo autonómico de este Estatuto que, ahora, se hace aún más necesario, amén de la aplicación real de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la Administración Pública, una tarea pendiente y necesaria que esta pandemia ha puesto de manifiesto.

CCOO considera fundamental disponer de una norma que regule el teletrabajo para toda la Administración Pública y sus entes instrumentales en tanto que todos ellos prestan un servicio público.

La descentralización de esta cuestión en las distintas Consejerías y de la que se ha hecho mención, conlleva que deba elaborarse un marco normativo genérico que pueda posteriormente desarrollarse en cada una de las Mesas Sectoriales de los distintos ámbitos.

Para CCOO es por tanto necesario disponer de este marco regulador, tanto como Decreto, que requerirá de algo menos de 1 año, como de normativa de urgencia que permita planificar un más que previsible repunte del virus covid-19. No debe volver a vivirse la improvisación que hemos tenido y que nadie entendería, por lo que se hace necesario regular también el teletrabajo de modo urgente para el próximo otoño, una responsabilidad que como administración y organizaciones sindicales debemos asumir. El teletrabajo, por tanto, se requiere tanto por previsibles actuaciones frente a un rebrote de la pandemia, como parece que se está produciendo, como para proteger nuestro medio ambiente (algo que hemos puesto en valor durante el confinamiento y que hay quienes ya olvidaron) y para la conciliación, en la que especialmente la mujer ha sufrido en mayor medida esta desregularización. Por eso, desde CCOO demandamos que además de esta norma estable, se defina la planificación de esta cuestión ante un rebrote que permita su desarrollo concreto en cada ámbito a través de las Mesas Sectoriales correspondientes.

Para CCOO es necesario romper la actual brecha digital, definir el horario de trabajo, incluida la desconexión – no se debe estar disponible a cualquier hora - y destinar la adecuada formación on-line para los trabajadores y trabajadoras y los usuarios, cuestiones que requieren definir los recursos necesarios, que no deben ser propios: wifi libre, tarjetas SIM de telefonía móvil, ordenadores y equipos,... es importante además regular la privacidad personal y el uso de datos propios, incluida la protección de la imagen personal cuando se realizan tutoriales, videoconferencias...

La Administración, aun no compartiendo inicialmente la necesidad de un marco urgente disponible para el próximo otoño, ha dejado esta cuestión pendiente de estudio en el seno interno de la Administración tras nuestra propuesta. Desde CCOO hemos insistido en esta necesidad para evitar precisamente la improvisación forzosa a la que nos hemos visto obligados y que debe evitarse.

De cara a este ingente trabajo, se ha acordado analizar las propuestas que al respecto tienen ya elaboradas las distintas comunidades autónomas y remitir nuestro análisis antes del 8 de julio para mantener la siguiente reunión el 14 de julio y otra posterior a finales del mismo mes.

CCOO, como el resto de organizaciones sindicales integrantes de la Mesa General, hemos manifestado nuestra disponibilidad a trabajar, dada la urgencia del tema, durante el mes de agosto, cuestión a la que la Administración no ha dado respuesta.