Análisis del informe jurídico solicitado por la Sección Sindical de CCOO en AMAYA al Gabinete Técnico de CCOO Andalucía.
En dicho informe se hace referencia y mención a leyes de carácter estatal:

Ley 31/2022, de 23 de diciembre de presupuestos del Estado 2023:

• Art. 19 apartado dos.
• Disposición final vigésimo primera: suprime, del RD Ley 20/2012, de 13 de julio.20/2012, de 13 de julio lo siguiente:

1. Artículo 16. Suspensión de pactos, acuerdos y convenios. Se suspenden y quedan sin efecto los acuerdos, pactos y convenios para el personal del sector público definido en el artículo 22 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos generales del Estado, suscritos por las Administraciones públicas y sus organismos y entidades que contengan cláusulas que se opongan a lo dispuesto en el presente título.
2. Disposición adicional segunda. Suspensiones o modificaciones de convenios colectivos, pactos y acuerdos que afecten al personal funcionario o laboral por alteración sustancial de las circunstancias económicas
Leyes de carácter regional:
Ley 3/2012 de 21 de septiembre de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de Hacienda Pública.
Esta norma autonómica, sigue vigente en aquello que no contraviene normas de rango superior y que no ha sido derogado o suprimido por leyes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Ley 1/2022, de 27 de diciembre de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023
Art. 12.2. En el año 2023, las retribuciones del personal del sector público andaluz, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional tercera, no experimentarán incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2022, en términos de homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.
Entendiendo el principio de jerarquía normativa, en lo que aquí afecta, si bien el art. 93.2.b del convenio colectivo de AMAYA, en virtud de la derogación operada por la Ley de Presupuestos del
Estado en el RD Ley 20/2012, podría entenderse (como se dice en su exposición de motivo) “activada”, se encuentra con un impedimento importante, que es la Ley de Presupuestos para el año 2023 de la Junta de Andalucía.

Si nos remontamos a 2018, concretamente al (Acuerdo de 17 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018, de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público andaluz) con un escenario legal mucho más restrictivo, ya se pudo incrementar la masa salarial mediante la creación de fondos adicionales. Dichos fondos negociados en Mesa General, se utilizaron para entre otras cosas, incrementar la masa salarial de la propia AMAYA.
Así mismo, mediante el Acuerdo de la Comisión Negociadora del VII Convenio Colectivo del Personal Laboral de La Administración de La Junta de Andalucía, de 23 de Noviembre de 2018, por el que se Incorpora un art. 62.Bis en el VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía.

Artículo 62.bis. Premio de Jubilación.
1. Objeto.
Se establece un premio de jubilación consistente en 156,22 euros por año de servicio o fracción superior de seis meses prestados en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo del Personal
Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía.
Teniendo en cuenta todo lo anterior y que para la firma del convenio colectivo actualmente vigente en AMAYA, en los términos acordados en el mismo, se ha tenido que tener el informe favorable de la Consejería(s) competente(s), en tanto que la Administración dio el visto bueno (salvo que en el informe se exprese otra cosa) a la incorporación del complemento en el convenio, esto puede permitir la apertura de una negociación para la aplicabilidad del complemento de antigüedad.

Desde la Sección Sindical de CCOO en AMAYA una vez analizado y desgranado el informe de nuestros servicios jurídicos, nos reafirmamos en la opinión de que la recuperación de la antigüedad en AMAYA, no solo es de justicia, sino que legalmente es posible. Lo que hace falta es tener voluntad política, y que la decisión es única y exclusívamente del Gobierno de la Junta de Andalucía.
En Sevilla a 9 de enero de 2023.